El sistema previsional argentino tiene una larga trayectoria de más de cien años, durante los cuales el Estado ha asumido la responsabilidad de garantizar ingresos para las personas mayores. En Argentina, alrededor del 95% de las personas mayores reciben un ingreso previsional, lo que convierte al país en uno de los que tiene mayor cobertura en la región y el entorno. Estos beneficios, ya sea por jubilación o pensión, alcanzan un promedio ligeramente superior al salario mínimo, aunque con una importante heterogeneidad.
La sociedad argentina destina aproximadamente el 11% de su Producto Bruto Interno (PBI) para financiar estos beneficios. Este nivel de gasto ha generado preocupación, especialmente considerando las tendencias demográficas actuales. Sin embargo, los debates en torno a posibles reformas previsionales en Argentina han sido parciales y enfocados en objetivos a corto plazo, lo que ha resultado en una alta volatilidad normativa y una superposición de leyes y regulaciones.
Fragmentación y complejidad del sistema
El sistema previsional argentino se encuentra fragmentado, con regímenes especiales, diferenciales, provinciales o profesionales. Además, se aplican reglas temporales, como las moratorias, que han permitido el acceso a la jubilación a más del 70% de los jubilados actuales y han estado vigentes en los últimos 15 años. Esta complejidad institucional genera ineficiencias, inequidades en el trato a las personas y costos fiscales y económicos mayores a los necesarios.
Ante este contexto, el objetivo de este proyecto es fomentar un debate informado que facilite la adopción de reglas sostenibles en el tiempo y que organicen un sistema con amplia cobertura, beneficios adecuados y equitativos, y razonabilidad fiscal. Para lograr esto, se propone la creación de un mecanismo consultivo con actores relevantes para identificar los temas críticos que deben ser debatidos y consensuados por la sociedad argentina. Estos temas incluyen aspectos de diseño, implementación e interrelación con otras áreas de política pública.
Financiamiento del sistema previsional
El sistema previsional argentino se financia principalmente a través de las contribuciones de los trabajadores y empleadores. Estas contribuciones se realizan mensualmente y se calculan en base a un porcentaje del salario. Además, el Estado aporta fondos adicionales para cubrir las prestaciones de aquellos que no alcanzan a cubrir las exigencias mínimas para acceder a una jubilación o pensión.
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es el encargado de administrar los fondos y distribuir los beneficios a los jubilados y pensionados. El SIPA se compone de diferentes regímenes previsionales, como el régimen general, los regímenes especiales y los regímenes provinciales. Cada uno de estos regímenes tiene sus propias características y requisitos para acceder a las prestaciones.
Reformas necesarias
Para lograr un sistema previsional más eficiente y equitativo, es necesario realizar reformas que simplifiquen la estructura del sistema y reduzcan la fragmentación. También es importante promover una mayor transparencia en la administración de los fondos y fortalecer los mecanismos de control y supervisión. Además, se deben establecer criterios más claros y justos para determinar los montos de las jubilaciones y pensiones, teniendo en cuenta factores como el tiempo de aportes y los ingresos previos.
El sistema previsional argentino es uno de los más extendidos y costosos de la región y el entorno. Sin embargo, su complejidad y fragmentación generan ineficiencias y desigualdades. Es necesario promover un debate informado y consensuar reformas que permitan un sistema más sostenible, equitativo y eficiente.