El artículo 39 de la Constitución Nacional establece el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley por iniciativa popular en la Cámara de Diputados. Sin embargo, este artículo también establece una serie de requisitos y temas excluidos para esta forma de participación ciudadana.
Requisitos para la presentación de proyectos de ley por iniciativa popular
Según el artículo 39, se requiere una ley reglamentaria que regule el ejercicio de la iniciativa popular. Esta ley debe ser sancionada por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara del Congreso. Además, la ley reglamentaria no puede exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional y debe contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.
La ley reglamentaria establece que la iniciativa popular requerirá la firma de un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales. Además, deberá representar por lo menos a seis distritos electorales. En el caso de iniciativas regionales, el porcentaje se aplicará al padrón total de las provincias involucradas en la región.
Además, la propuesta de iniciativa popular debe ser presentada por escrito y contener la petición en forma de ley, una exposición de motivos fundada, el nombre y apellido de los promotores que asumen responsabilidad personal, la descripción de los gastos efectuados y del origen de los recursos, y los pliegos con las firmas de los peticionantes y sus datos personales. Antes de la circulación de estas planillas, el defensor del pueblo debe verificar los requisitos.
Una vez presentada en la Cámara de Diputados, la propuesta de iniciativa popular es enviada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que debe dictaminar sobre la admisibilidad de las materias y el cumplimiento de los requisitos formales en un plazo de veinte días hábiles. La Comisión puede solicitar a los promotores que corrijan o subsanen defectos formales antes de continuar con el trámite.
Temas excluidos de la iniciativa popular
El artículo 39 de la Constitución Nacional establece que no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.
Estos temas son excluidos de la iniciativa popular debido a su relevancia institucional y a que la Constitución contempla procedimientos específicos de tratamiento legislativo para ellos. La reforma constitucional, los tratados internacionales, los tributos, el presupuesto y la materia penal requieren un análisis detallado, conocimientos especializados y un debate legislativo más amplio.
Un ejemplo de ley que podría presentarse por iniciativa popular y estar vinculada a las incumbencias profesionales de los Trabajadores Sociales es la obligatoriedad de contratar personal idóneo en las municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Esta ley establecería que al menos una dirección de cada secretaría municipal deberá contratar al menos un trabajador social o estudiante avanzado de esta u otras carreras afines.
Esta ley buscaría garantizar la presencia de profesionales capacitados en el ámbito municipal para abordar las problemáticas sociales de manera adecuada. Además, promovería la valoración y reconocimiento de los Trabajadores Sociales como actores fundamentales en el desarrollo de políticas públicas y en la atención de las necesidades de la comunidad.
El artículo 39 de la Constitución Nacional establece los requisitos y temas excluidos de la iniciativa popular. Si bien esta forma de participación ciudadana permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley, existen limitaciones para garantizar un adecuado tratamiento legislativo y evitar la interferencia en temas de alta relevancia institucional.