La Ley de Obediencia Debida fue una ley argentina que estableció la caducidad de la acción penal contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante el Proceso de Reorganización Nacional. Esta ley fue complementaria a la Ley de Punto Final, y juntas fueron conocidas como leyes de impunidad.
¿Qué establecen las leyes de obediencia debida?
La Ley de Obediencia Debida establecía una presunción iuris et de iure, es decir, que no admitía prueba jurídica alguna en contrario, respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura no eran punibles. Esto implicaba que los responsables de estos delitos no podían ser juzgados ni condenados.
Por su parte, la Ley de Punto Final establecía la caducidad de la acción penal contra los imputados por delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de octubre de 198Esta ley sancionaba la impunidad de los militares responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.
¿Qué fue la Ley de Punto Final?
La Ley de Punto Final fue anunciada por el presidente Raúl Alfonsín el 5 de diciembre de 198Esta ley establecía un plazo de treinta días para la presentación de denuncias por vulneración de los derechos humanos durante la dictadura. Pasado este plazo, caducaba el derecho a reclamar justicia.
La ley establecía que se extinguiría la acción penal contra toda persona que hubiese cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de octubre de 198Esto incluía los delitos de desaparición forzada de personas, que involucraban detenciones ilegales, violaciones, torturas y homicidios agravados o asesinatos.
La Ley de Punto Final generó una fuerte polémica, ya que sancionaba la impunidad de los militares responsables de los delitos cometidos durante la dictadura. Miles de personas se manifestaron en contra de esta ley, lideradas por organizaciones defensoras de los derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo.
Derogación y anulación de las leyes de obediencia debida
En 1998, el Congreso Nacional derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Sin embargo, fue en 2003 cuando se declaró su nulidad. La anulación de estas leyes fue impulsada por el presidente Néstor Kirchner, quien buscaba habilitar el juzgamiento de militares en Argentina y no en el exterior.
La Corte Suprema de Justicia convalidó la nulidad de las leyes el 14 de junio de 2005, declarándolas inconstitucionales. Con esto, se abrió el camino para llevar a juicio a los responsables de los delitos cometidos durante la dictadura.
La Ley de Obediencia Debida fue una norma que estableció la impunidad de los militares responsables de los delitos cometidos durante la dictadura en Argentina. Junto con la Ley de Punto Final, generó una fuerte controversia y fue objeto de protestas masivas. Sin embargo, en 2003 se declaró la nulidad de estas leyes, permitiendo así el juzgamiento de los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.