Políticas y empleos que pesan

La obesidad es una de las nuevas enfermedades de este siglo. Es, también motivo de muchas disputas sociales, como lograr integrarlos al mercado laboral sin discriminación alguna; pero también un desafío para las políticas de Estado en materia de salud.

La obesidad es una enfermedad que es considerada una epidemia según la Organización Mundial de la Salud (OIM). También es un problema de nutrición pública de alta prevalencia y tiene un crecimiento acelerado en los países desarrollados. En la actualidad la información disponible en materia de estadísticas o encuestas es insuficiente, ya que la obesidad no es considerada un tema de agenda en las políticas de salud en Argentina.
Según la Doctora en Economía, Karina Temporelli: “las estadísticas son escasas. Recién en el 2005 pudimos tener la información sobre la cantidad de obesidad en Argentina y su distribución geográfica”.
Otra de las cuestiones que deben tratarse desde el Estado es la relación entre la obesidad y el mercado laboral, ya que muchas veces estas personas no logran conseguir un empleo, por su aspecto físico, ó sus sueldos son más bajos que los de una persona delgada. El problema al cual se enfrenta el Estado como protector y garante de derechos es que estas personas están siendo, o no, discriminadas, depende el argumento del empresariado.
En un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), llamado “La Igualdad en el trabajo: Lidiando con los desafíos”, se plantea que “si se demuestra que la obesidad o el hecho de fumar, incluso fuera de las horas y del lugar del trabajo, afectan el cumplimiento de las tareas correspondientes a un empleo, el no contratar a una persona con sobrepeso está justificado. (…) Pero de no ser así se considera como un acto de discriminación y constituirá un acto de intromisión indebida en la vida privada”.
Es necesario explicar que la obesidad es considerada uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades no transmisibles. La Licenciada en Nutrición, Natalia Rey, explicó qué “dentro de las enfermedades crónicas se puede encontrar la hipertensión, la diabetes, las alteraciones en los lípidos y el colesterol alto”, pero no son las únicas también los obesos pueden tener dificultades en su sistema cardiovascular, insuficiencia respiratoria hasta bajo rendimiento o falta de concentración.
Silvia Rivarola, una mujer de 54 años que padece la enfermedad, opinó que sí se discrimina a los obesos, que la más afectada es la mujer, por los parámetros de belleza establecidos culturalmente y  la influencia de las revistas y lo locales de ropa
En contraposición, la Licenciada en nutrición, Rocío González, consideró: “No creo que sea una discriminación, lo que creo que sucede es que cuando van a tomar a una persona para un puesto de trabajo, al saber que la persona padece de obesidad y que esto significa que trae consigo múltiples enfermedades y complicaciones, no quieren arriesgarse a tomarlo cuando no saben qué porcentaje de presentismo va a tener en el trabajo y si va poder realizarlo totalmente bien debido a las complicaciones asociadas”.
Para que estas situaciones de discriminación o “malestares a la empresa” no sigan sucediendo es necesario que el Estado tenga entre sus objetivo asegurar a la población las condiciones necesarias para que ésta se desarrolle bajo un ambiente de vida saludable. Hay indicios de que el porcentaje de personas que padecen obesidad generalmente pertenecen a un nivel socioeconómico bajo.

“La realidad es que los bajos ingresos favorecen el consumo de alimentos con mucho contenido calórico, alto nivel de saciedad y, en muchos casos, pobre nutricionalmente. Esto puede generar un deterioro en la salud y menores posibilidades de conseguir empleo”, advierte Temporelli y agrega que a eso se lo llama “Trampa de la Pobreza” ya que la mala salud lleva a no conseguir empleo, los bajos ingresos a alimentarse mal y la mala alimentación a la mala salud, constituyendo un círculo vicioso difícil de romper.
Es por eso que es necesario reconocer el impacto directo e indirecto que la obesidad genera sobre las condiciones de vida, y a partir de allí, sobre una innumerable cantidad de factores socioeconómicos que, debido en parte a la incapacidad de la sociedad de reconocerlos, vuelven necesaria el amparo del Estado.

Una ley aprobada pero no reglamentada
            En el año 2008, por decisión unánime del Congreso se aprobó la ley 26396, más conocida como la ley de obesidad, dentro de la misma hay dos puntos que son importantes remarcar y que están estrechamente vinculados a las políticas de salud.
            Uno de ellos es el que prevé grupos de contención, no gubernamentales, para ayudar a los obesos, una de estas organizaciones es ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad), que según Rivarola “es un grupo de autoayuda dirigido por coordinadoras que se han recuperado y nos enseñan cómo hacer para tener una mejor calidad de vida, en mi caso me está ayudando”.
            Pero es la única y gracias a la campaña y lucha que el Dr. Alberto Cormillot lleva por casi más de 50 años. Lo importante es que la fundación se encuentra en todas partes de la República y también en algunos países del exterior.
            Por otro lado, está ley tiene que poner a disposición programas o planes para propagar la buena calidad de vida. El problema es que no hay mucha producción por parte de los Ministerios de Salud y generalmente están asociados a la importancia de la actividad física.
            Rey manifestó “hay programas que están estipulados, se supone que están en funcionamiento, pero no tenemos estadísticas de que es lo que está sucediendo con esos programas si están teniendo éxito o no, hay programas de prevención porque la ley lo prevé y exige que se cumpla así, que sea el Ministerio el que se encargue de las políticas de la gente que está afectada por esta enfermedad”.  Lo cierto es que en las páginas del Ministerio y dentro de los programas no hay actualizaciones, ni datos, sobre las diferentes actividades en relación con la obesidad.

            La intervención pública debería desarrollarse principalmente a través de la prevención, la cual debería centrarse en la promoción de la actividad física, factor que es cumplido por el Estado, y de dietas sanas con el objetivo de erradicar estilos de vida sedentarios.  
            En relación a esto, la Licenciada en Educación Física, Fernanda Liffourrena, opina que una solución frente al sedentarismo sería “más publicidad donde verdaderamente se tome conciencia de la necesidad de la actividad física”.
            Al final lo fácil siempre sale más caro, el incremento de la tecnología hizo que las personas se quedaran encerradas en sus casas y la obesidad siga avanzando sobre nosotros sin que el Estado no logre encontrar una solución útil para poder frenarla. Según la OMS cada año mueren a nivel global 2.8 millones de personas a consecuencia de alguna enfermedad producto de la obesidad. 

Brenda Ditzel

La obesidad es una de las nuevas enfermedades de este siglo. Es, también motivo de muchas disputas sociales, como lograr integrarlos al mercado laboral sin discriminación alguna; pero también un desafío para las políticas de Estado en materia de salud.

La obesidad es una enfermedad que es considerada una epidemia según la Organización Mundial de la Salud (OIM). También es un problema de nutrición pública de alta prevalencia y tiene un crecimiento acelerado en los países desarrollados. En la actualidad la información disponible en materia de estadísticas o encuestas es insuficiente, ya que la obesidad no es considerada un tema de agenda en las políticas de salud en Argentina.
Según la Doctora en Economía, Karina Temporelli: “las estadísticas son escasas. Recién en el 2005 pudimos tener la información sobre la cantidad de obesidad en Argentina y su distribución geográfica”.
Otra de las cuestiones que deben tratarse desde el Estado es la relación entre la obesidad y el mercado laboral, ya que muchas veces estas personas no logran conseguir un empleo, por su aspecto físico, ó sus sueldos son más bajos que los de una persona delgada. El problema al cual se enfrenta el Estado como protector y garante de derechos es que estas personas están siendo, o no, discriminadas, depende el argumento del empresariado.
En un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), llamado “La Igualdad en el trabajo: Lidiando con los desafíos”, se plantea que “si se demuestra que la obesidad o el hecho de fumar, incluso fuera de las horas y del lugar del trabajo, afectan el cumplimiento de las tareas correspondientes a un empleo, el no contratar a una persona con sobrepeso está justificado. (…) Pero de no ser así se considera como un acto de discriminación y constituirá un acto de intromisión indebida en la vida privada”.
Es necesario explicar que la obesidad es considerada uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades no transmisibles. La Licenciada en Nutrición, Natalia Rey, explicó qué “dentro de las enfermedades crónicas se puede encontrar la hipertensión, la diabetes, las alteraciones en los lípidos y el colesterol alto”, pero no son las únicas también los obesos pueden tener dificultades en su sistema cardiovascular, insuficiencia respiratoria hasta bajo rendimiento o falta de concentración.
Silvia Rivarola, una mujer de 54 años que padece la enfermedad, opinó que sí se discrimina a los obesos, que la más afectada es la mujer, por los parámetros de belleza establecidos culturalmente y  la influencia de las revistas y lo locales de ropa
En contraposición, la Licenciada en nutrición, Rocío González, consideró: “No creo que sea una discriminación, lo que creo que sucede es que cuando van a tomar a una persona para un puesto de trabajo, al saber que la persona padece de obesidad y que esto significa que trae consigo múltiples enfermedades y complicaciones, no quieren arriesgarse a tomarlo cuando no saben qué porcentaje de presentismo va a tener en el trabajo y si va poder realizarlo totalmente bien debido a las complicaciones asociadas”.
Para que estas situaciones de discriminación o “malestares a la empresa” no sigan sucediendo es necesario que el Estado tenga entre sus objetivo asegurar a la población las condiciones necesarias para que ésta se desarrolle bajo un ambiente de vida saludable. Hay indicios de que el porcentaje de personas que padecen obesidad generalmente pertenecen a un nivel socioeconómico bajo.

“La realidad es que los bajos ingresos favorecen el consumo de alimentos con mucho contenido calórico, alto nivel de saciedad y, en muchos casos, pobre nutricionalmente. Esto puede generar un deterioro en la salud y menores posibilidades de conseguir empleo”, advierte Temporelli y agrega que a eso se lo llama “Trampa de la Pobreza” ya que la mala salud lleva a no conseguir empleo, los bajos ingresos a alimentarse mal y la mala alimentación a la mala salud, constituyendo un círculo vicioso difícil de romper.
Es por eso que es necesario reconocer el impacto directo e indirecto que la obesidad genera sobre las condiciones de vida, y a partir de allí, sobre una innumerable cantidad de factores socioeconómicos que, debido en parte a la incapacidad de la sociedad de reconocerlos, vuelven necesaria el amparo del Estado.

Una ley aprobada pero no reglamentada
            En el año 2008, por decisión unánime del Congreso se aprobó la ley 26396, más conocida como la ley de obesidad, dentro de la misma hay dos puntos que son importantes remarcar y que están estrechamente vinculados a las políticas de salud.
            Uno de ellos es el que prevé grupos de contención, no gubernamentales, para ayudar a los obesos, una de estas organizaciones es ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad), que según Rivarola “es un grupo de autoayuda dirigido por coordinadoras que se han recuperado y nos enseñan cómo hacer para tener una mejor calidad de vida, en mi caso me está ayudando”.
            Pero es la única y gracias a la campaña y lucha que el Dr. Alberto Cormillot lleva por casi más de 50 años. Lo importante es que la fundación se encuentra en todas partes de la República y también en algunos países del exterior.
            Por otro lado, está ley tiene que poner a disposición programas o planes para propagar la buena calidad de vida. El problema es que no hay mucha producción por parte de los Ministerios de Salud y generalmente están asociados a la importancia de la actividad física.
            Rey manifestó “hay programas que están estipulados, se supone que están en funcionamiento, pero no tenemos estadísticas de que es lo que está sucediendo con esos programas si están teniendo éxito o no, hay programas de prevención porque la ley lo prevé y exige que se cumpla así, que sea el Ministerio el que se encargue de las políticas de la gente que está afectada por esta enfermedad”.  Lo cierto es que en las páginas del Ministerio y dentro de los programas no hay actualizaciones, ni datos, sobre las diferentes actividades en relación con la obesidad.

            La intervención pública debería desarrollarse principalmente a través de la prevención, la cual debería centrarse en la promoción de la actividad física, factor que es cumplido por el Estado, y de dietas sanas con el objetivo de erradicar estilos de vida sedentarios.  
            En relación a esto, la Licenciada en Educación Física, Fernanda Liffourrena, opina que una solución frente al sedentarismo sería “más publicidad donde verdaderamente se tome conciencia de la necesidad de la actividad física”.
            Al final lo fácil siempre sale más caro, el incremento de la tecnología hizo que las personas se quedaran encerradas en sus casas y la obesidad siga avanzando sobre nosotros sin que el Estado no logre encontrar una solución útil para poder frenarla. Según la OMS cada año mueren a nivel global 2.8 millones de personas a consecuencia de alguna enfermedad producto de la obesidad. 

Brenda Ditzel

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